Portada del sitio - Institucional - Bell Ville / al Sureste de Córdoba - A dos años de la masacre en la Franja de Gaza

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El 27 de diciembre del 2010, marcó el inicio del segundo aniversario de la agresión militar sionista conocida como "Operación Plomo Fundido". Esa brutal ofensiva que se caracterizó, entre otras cosas, por las sistemáticas violaciones del derecho internacional, y por la impunidad generalizada de sus consecuencias.

Durante el ataque, más de 1 mil 400 palestinos fueron asesinados. Aproximadamente un 83 por ciento de los muertos eran civiles, es decir "personas que deben ser protegidas" según la IV Convención de Ginebra. Otros 5.300 resultaron heridos, y los bienes públicos y privados en toda la Franja de Gaza fueron atacados y destruidos, total o parcialmente.

A dos años de la masacre, el resguardo judicial efectivo y las medidas para el cumplimiento de los derechos de las víctimas, siguen ausentes, a pesar de que las obligaciones asumidas y firmadas por todos los Estados, son irrefutables: Si se cometió un crimen de guerra, los responsables deben ser investigados y sancionados (castigados) de conformidad con las normas internacionales.

Numerosos informes de organizaciones internacionales y nacionales (Misión Independiente de Investigación de la Liga Árabe, Amnistía Internacional, Human Righst Watch, etc) concluyeron que los crímenes cometidos en la Franja de Gaza, son crímenes de guerra.

Por su parte la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, concluyó su informe, conocido como "Informe Goldstone", aseverando que la campaña militar israelí fue "un ataque deliberadamente desproporcionado, diseñado para castigar, humillar y aterrar a la población civil, para disminuir radicalmente su capacidad económica tanto de trabajar como de sustento, y para imponer una creciente sensación de dependencia y vulnerabilidad". También califica el prolongado bloqueo económico impuesto por Israel contra Gaza de "castigo colectivo" contra la población.

A partir de documentos elaborados por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), salta a la vista que en los dos años siguientes a la Operación Plomo Fundido, las acciones de las autoridades sionistas de Israel, se caracterizaron por un férreo deseo de proteger a los responsables.

Hasta la fecha y de acuerdo a dichos documentos, tan sólo tres soldados que participaron de la operación, fueron condenados. Uno de ellos recibió una pena de siete meses de prisión por el robo de una tarjeta de crédito y los otros dos obtuvieron una sentencia de tres meses de cárcel, con un mes de suspensión de la misma (en total 2 meses).

La total impunidad con la que cuenta el estado sionista de Israel se hace cada vez más evidente y la respuesta de la comunidad internacional ante estos hechos es el silencio, avalado por una inactividad que implícitamente respaldó y respalda las acciones de Israel.

Dos años pasaron desde el día en que el horror golpeó las puertas de la Franja de Gaza y desde entonces nada ha cambiado. Dos años de un ataque que se prolongó por 22 largos días, durante los cuales su valiente Resistencia enfrentó a uno de los ejércitos más fuertes del mundo.

La Franja de Gaza ya no es noticia. Sus habitantes mueren lentamente, el porcentaje de desnutrición infantil aumenta día a día, el 90 por ciento del agua está contaminada (informe de la Autoridad para los Recursos Hídricos de Gaza), el bloqueo no se ha levantado y el proceso de deshumanización de los palestinos parece no tener fin.

Es imprescindible que la comunidad internacional cumpla y presione para que las obligaciones legales sean cumplidas. Los crímenes de Israel deben ser investigados y enjuiciados.

No podemos permitir que el estado de derecho y los derechos de las víctimas sigan siendo sacrificados en nombre de las políticas imperialistas-colonialistas.

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