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Aporte para la discusión de la alternativa política, social y cultural que nuestro pueblo demanda.

I. El capitalismo contemporáneo y sus alternativas. Algunas ideas para la caracterización de la fase actual.

La descomunal crisis económica que ha tenido como epicentro a los EE.UU. y que afecta al conjunto del capitalismo, pone en discusión el paradigma de acumulación y el sentido común hegemónico por la liberalización, construido principalmente en los últimos treinta años para superar la crisis por baja de la tasa de ganancia a fines de los años 60 y comienzos de los setenta. Es por ello que desde entonces se operó una gigantesca ofensiva del capital sobre los trabajadores con regresivas consecuencias en el empleo, el salario, las condiciones laborales y el deterioro de la capacidad de respuesta sindical y política de los trabajadores en el ámbito mundial, operada a través de la imposición de un aumento inusitado de la violencia de clase, que siempre en todos los casos, propicia y ejecuta la clase dominante. La crisis actual desmorona el mito de que el mercado todo lo resuelve, al tiempo que pone en evidencia que el Estado del capital sustenta al capital en tiempos de crisis y demanda a los trabajadores para la creación de condiciones globales para revertir la situación regresiva y de resistencia defensiva de los trabajadores para construir nuevas condiciones de ofensiva de los trabajadores sobre el capital.

La situación crítica pone en discusión el orden mundial, el liderazgo de EEUU, tanto como el sistema internacional dominado por los organismos multilaterales de crédito (FMI, el Banco Mundial, OMC) al servicio del poder de las empresas transnacionales, en asociación con los Estados imperialistas. La crisis golpea en América Latina y pone en discusión el modelo productivo y de desarrollo. En ese marco, los sucesivos “salvatajes” financieros que tienen lugar en diversos rincones del globo, responden, a una tendencia de reestructuración salvaje del capital financiero e industrial en su sector más concentrado, con pérdida masiva de empleos, reducciones salariales y precarización laboral, que muestra con crudeza hacia dónde se destinan los esfuerzos de los poderes hegemónicos.

Se adivina una onda expansiva en el mismo sentido, conducente a una recesión de alcances globales con perspectivas críticas para los países periféricos y las clases subalternas a nivel global. Si aquellos como se sabe están sujetos a un ajuste similar en condiciones de partida mucho más severas, los trabajadores en particular cargan con lo fundamental del perjuicio, reflejado en términos de la regresividad en la distribución de la riqueza, el aumento de la explotación bajo el argumento de la “crisis” y la pérdida del valor real de sus ingresos a manos de la inflación –como se sabe, otra herramienta de concentración del producto social a favor del capital. Ya que el capitalismo quiere encontrar quien pague el festín y la resaca posterior, lo cual ha destruido (datos incompletos) el 40% del circulante mundial, valorizado con la sangre el sudor y las lágrimas de los pueblos pobres del mundo, es más, siguen quebrando países en seguidilla, que ya no es solo Islandia, sino todos los países del este Europeo, donde la política de shock de la década del 90 ya había producido 10 millones de adultos varones muertos y encima los diarios del sistema, hablan con preocupación del giro a la izquierda en dichas naciones, esto también incluye a Grecia y nada menos que a Pakistán, con el peligro que implica un país con armas atómicas en ese sensible (por el peligro bélico), lugar del mundo.

Es preciso considerar, por contraste, el intento de seguir otros caminos con el "giro a la izquierda" iniciado en Nuestra América antes de la debacle imperial y que supone la potenciación simbólica del proyecto revolucionario cubano, en diversos grados reflejado por la asunción de nuevos gobiernos en Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Paraguay, se funda en una coyuntura que visibiliza la presión desde los sectores populares sobre el poder político y económico para inclinar la balanza hacia una democratización sustancial de las sociedades que incluya la distribución real del ingreso y la riqueza antes que el salvataje del empresariado multinacional, los especuladores financieros y el estrato terrateniente. Cuando menos, parece bastante improbable que en las condiciones actuales pueda volver a “funcionar” con eficacia el esquema de relativa asociación subordinada capital/trabajo dominante hasta la década del 70, habitualmente denominado estado de bienestar. Su apelación discursiva parece aparentar, más bien, una estrategia del poder para revestir con una pátina progresista los hechos consumados en tres décadas de desposesión brutal, material y simbólica, de las clases subalternas.

En suma, a la luz de una dinámica compleja sostenida entre los pueblos y los grupos de poder, se puede hablar de la conformación progresiva, en los últimos años, de dos proyectos de desarrollo: uno, que mantiene lo sustancial del esquema precedente, apuntando según se afirma en ciertos casos a reconstruir un "capitalismo nacional" bajo políticas denominadas como "neodesarrollistas". En este contexto, el papel de los tratados de libre comercio (TLC), sigue siendo fundamental. Una vez evidenciado el fracaso de la imposición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) por la resistencia de los pueblos y algunos gobiernos; es presumible que los EE.UU, su principal promotor, pese a los miramientos que la nueva situación aconseja, continúe alentando la firma de tratados bilaterales que son por naturaleza perjudiciales para nuestra región.

El otro, todavía sujeto a grandes indefiniciones, está orientado a la formación de una alternativa superadora del neoliberalismo e incluso de toda relación mercantil, buscando construir relaciones sociales de producción y distribución democráticas con un objetivo primario de distribución progresiva de la riqueza y el ingreso. En esta última tendencia se enmarca el “socialismo en el siglo XXI” que Hugo Chávez postula para el proceso venezolano. Entre ambas tendencias parece fluctuar, de manera contradictoria –con avances y retrocesos- la coyuntura económica y sociopolítica actual en la región latinoamericana. Es el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en creciente asociación con Cuba. Además, en estas experiencias se alientan formas asociativas de organización de la producción, vinculadas a colectivos de trabajadores, productores agrícolas y pequeños y medianos empresarios del campo y la ciudad, junto a propuestas de reforma agraria. Todo lo cual supone un contraste evidente con las premisas de las "economías de mercado". El impulso a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), surgida en 2004, augura asimismo cauces para otra integración posible, con perspectivas de proyectar al continente el acuerdo, por ahora, entre Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica y Honduras para promover la integración de estados subnacionales e incluso emprendimientos del movimiento popular.

Ante el nuevo escenario global que encierra una multiplicidad de crisis, resulta de suma importancia que los sectores populares sumen esfuerzos, ya no sólo para resistir las nuevas embestidas del capital, sino a fin de avanzar hacia un proyecto alternativo de sociedad. Para ello la clave es la organización. Sin duda, en los últimos años asistimos a una creciente organización del movimiento popular mundial, incluyendo las comunidades originarias, los campesinos, los habitantes marginados de las ciudades, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los intelectuales, los trabajadores y el conjunto de las organizaciones sociales. Todos estos movimientos comenzaron a nuclearse en torno de las campañas continentales que fueron confluyendo en el movimiento en los Foros Sociales y en las Cumbres de los Pueblos, originariamente concebidas como un modo de resistencia y repudio a las decisiones que eran tomadas a puertas cerradas por los gobiernos.

Sin embargo, en los últimos años han mutado de espacios de resistencia hacia encuentros de índole propositiva y escenarios de intensos debates, donde lo que se discute es qué integración es necesaria y para quién, en el marco de un debate sobre el modelo de producción y distribución, tanto como sobre las relaciones sociales y el vínculo con los recursos naturales que lo sustentan. Es evidente que la magnitud de la reestructuración del capitalismo en su fase actual, con su saldo emergente de cada vez más escasos poseedores y más numerosos pauperizados, requiere postular una alternativa concreta desde varios planos, a partir de una visión regional y definida por la unidad de la clase trabajadora. Los esfuerzos de coordinación del conglomerado heterogéneo de las clases populares, desde el nivel nacional hacia las articulaciones continentales, es una tarea impostergable que solo hallará eco en tanto se imbuyan de sus reales necesidades. Para ello, el nuevo sujeto colectivo deberá ser expresión de la heterogeneidad que lo compone, puesto que solo así podrá reflejar los principios rectores de igualdad, justicia, solidaridad, libertad, paz y democracia.

Cobra gran importancia, a la luz de esta problemática, el debate sobre las iniciativas de reorganización sindical mundial, evidenciadas por la creación de la Central Intersindical Mundial (CSI), por cuanto ponen en evidencia las ambivalencias, manifestadas también al interior de nuestra Central, de las propuestas de unidad que suponen la exclusión de varias organizaciones sindicales de distintos países que, en el plano mundial, confluyen en alentar el rechazo a la globalización capitalista. Sumado a ello, esta alianza internacional soslaya la identidad clasista de la organización sindical, principio basal del análisis histórico de nuestra concepción como central.

El comienzo del siglo XXI hace explícita la crisis del capitalismo y ofrece las condiciones para una ofensiva global de los trabajadores y los pueblos para hacer efectivo otro sistema de relaciones sociales, de carácter anticapitalista y por el Socialismo.

II. Nuevo escenario para Argentina

Las luchas del año 2001 expresaron el límite de la lucha popular a la ofensiva liberalizadora del capital. La crisis política de entonces no pudo ser resuelta por un bloque popular que no pudo constituirse y menos instalar un programa de transformaciones necesarias para el buen vivir de los de abajo. El problema central fue la ausencia de alternativa política. En ese marco, las clases dominantes intentan retomar el proyecto político instaurado en la dictadura militar y en los años noventa, alineado con el poder económico local y mundial. Ese es el desafío para los trabajadores y otros sectores populares: construir la alternativa política.

El kirchnerismo expresaba la nueva cara de la hegemonía política en la Argentina. El imaginario era entonces de normalidad económica y política. Todo indicaba que se pasaba de la lucha de calles a la concertación mediada por las corporaciones. Claro que subsistían los límites institucionales y la tradición del sindicato único, aún con la renovación gremial expresada en nueva organicidad de trabajadores. Sin embargo, la normalidad se afectó con el conflicto surgido por el lado menos esperado, el campo. Producto de grandes cambios operados, tecnológicos, productivos y económicos, especialmente en los años 90, la liberalización del sector agropecuario había transformado el perfil productivo local desde la diversidad productiva a la hegemonía de la soja transgénica. Esos cambios materiales sustentaron nuevas culturas sociales y de clase, con sus respectivas manifestaciones de riqueza y pobreza. Como en todo tiempo de “progreso”, lo visible era la expansión de la construcción y la renovación del parque automotor y de maquinaria agrícola derivado del boom de precios internacionales y de la extensión de la frontera de la soja. Era escamoteado el problema de la agricultura familiar y comunitaria, tanto como de los pequeños productores insubordinados a la nueva lógica de la producción de soja. El fenómeno aparecía como un problema a resolver con los frutos de una distribución secundaria derivada del progreso sustancial de la producción hegemónica. La lógica política se estremeció cuando el gobierno intentó apropiar renta con argumentos cambiantes entre marzo y julio, ya que terminó proponiendo una utilización no explicitada al comienzo. El destino final de los eventuales recursos apareció más por la presión social que por convicción originaria. La realidad es que los propietarios no quisieron resignar ganancias y el gobierno erosionó buena parte del consenso político logrado hacia fines del verano.

Pero, el gobierno, en realidad terciaba a favor de una mayor concentración de la renta, incluida una altísima apropiación delictiva de las retenciones, por parte de los sectores más concentrados, llámese exportadores de poroto, harina (en pleno conflicto les permitió contrabandear soja desde Paraguay), grandes inversores y pools, sin olvidar el vergonzoso negocio de los mal llamados bio combustibles. Es más, a pesar de su discurso, el kirchnerismo hizo crecer como nadie la superficie sojera, alquilando hasta los campos fiscales a los grandes sembradores y fue cómplice de la tala indiscriminada, al no reglamentar la ley de bosques, con las consiguientes sequías en todo el sector pampeano y las inundaciones que hoy azotan el noroeste del país. Es cierto que aquí debemos reconocer, que una buena parte de la dirigencia de la Central , ni quiso ni pudo, dividir el famoso frente agrario, que comenzó, como una unidad por el espanto y no por el amor, como la conducción de la FAA sostuvo, pero lógicamente, como corresponde, del punto de vista de clases, fue cooptado por los intereses de la gran burguesía agraria, que incluso son absolutamente contrapuestos, basta solo repasar el proyecto de reforma constitucional, para la provincia de Santa Fe, que redactó dicha entidad, el cual podríamos suscribir en un 95%, para ver con claridad, hasta que punto, tenemos como Central responsabilidad en el desaguisado que ahora se ha convertido, una especie de partido del campo, sin futuro y con intereses tan contrapuestos, que cuando quiera el sistema, lo hará saltar por los aires, como lo ha hecho muchas veces en la historia.

El desorden de la política incluyó a la izquierda que se posicionó en variadas formas en el conflicto, con y contra el gobierno; con y contra sectores del campo; incluso aquellos que pretendieron quedar afuera de una u otra parcialidad. Fue un dilema que atravesó a organizaciones sociales como la CTA y a los partidos políticos del espectro de izquierda. Algunos imaginaron una nueva base social para la derecha política y azuzaron el temor con argumentos de una derechización de la sociedad, en el sentido que sugerían las movilizaciones que indujeron cambios regresivos en la legislación penal y el nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que retornaba la crisis de la política y volvía efímera la apariencia de normalización social del ciclo posterior a la crisis del 2001. Se presenta así la apertura de un nuevo ciclo político con dilemas a dirimir en el corto y mediano plazo.

Entre las clases dominantes se habilita un debate sobre las personas y proyectos para liderar un nuevo tiempo. Son varios los anotados para representar ese arco político y social. Los poderosos usufructuaron las mieles de las ganancias derivadas de la reaccionaria reestructuración iniciada bajo el terror de Estado y consolidada en la década del noventa. La liberalización económica modificó la estructura económica y social con claros beneficiarios en la dominación del capital transnacional, hoy con dominio monopólico en el sector primario, secundario y terciario. La visión es que la quietud en las calles favorece un nuevo tiempo para el relanzamiento del proyecto de máxima, especialmente en tiempos de crisis de la economía mundial. El discurso y la práctica del poder mundial se orientan a una recuperación del papel de los Estados para reanimar la propuesta de liberalización de los mercados a costa del conjunto de la sociedad.

Entre las clases subalternas el dilema se define entre la acumulación en alianza con el mantenimiento de un proyecto que discute las políticas neoliberales hegemónicas en el pasado reciente y ostenta escasa capacidad para revertir los cambios estructurales; o, por ejemplo, la oportunidad de impulsar un proyecto autónomo surgido de un extenso debate en el sentido propuesto por la Constituyente Social , reunida en octubre del pasado año en Jujuy por 700 organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas, y liderada por la CTA. Es un debate que atraviesa a propuestas sociales y políticas que pretenden inscribir al país en el rumbo de cambios que sugiere la región latinoamericana y caribeña. Es una contradicción aunque se presente como dilemática entre orientar el decurso histórico del país en la perspectiva neodesarrollista emergente en Brasil y en el bloque hegemónico del MERCOSUR; o en el camino que propone la alianza cubana-venezolana en la integración que define la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Todos esos enfoques coinciden desde UNASUR aunque desde diferentes perspectivas de desarrollo.

Es evidente que la crisis económica mundial desembarcó en la Argentina, siendo prueba de ello el discurso oficial, que hasta hace pocos meses denotaba suficiencia por la evolución económica local y sugería al gobierno de EEUU pensar en un Plan B ante la debacle de las finanzas y la economía en el país del norte. Ya desde fines del pasado año empezaron algunas señales de desaceleración y desde entonces se prodigaron los anuncios anticrisis. El objetivo central apunta a frenar la caída de la actividad económica y su principal consecuencia en cesantías de personal. Algunos de los anuncios avanzaron en el Parlamento, caso de la moratoria fiscal, previsional y el blanqueo de capitales.

Pero es evidente que la principal preocupación hoy pasa por intentar mantener el nivel de actividad y por ello los anuncios continúan. Se informó un plan de obras públicas por 110.000 millones de pesos, parte del cual ya fuera anunciado en noviembre pasado. Unos 40.000 millones no tienen aún financiamiento y algunas de las obras ya fueron ejecutadas, siendo quizá la novedad un programa de obras a ejecutar desde los municipios y para licitar entre pequeñas y medianas empresas, cooperativas de producción u otros emprendimientos empresariales de carácter local. Recientemente se promovió una línea de créditos para la compra de automóviles, así como un nuevo plan para la adquisición subsidiada de electrodomésticos. En el primer caso, como se advierte, el énfasis se pone en los consumos de los sectores con capacidad de pago mediana y alta; en el segundo, aunque se avanza sobre rubros más indispensables, se escamotean medidas concretas respecto a la penuria de la masa indigente. El objetivo político en general es el de mantener con anuncios de política económica la expectativa por acciones gubernamentales que intentan ir contra el ciclo económico que tiende a la desaceleración. Todo financiado con recursos de la ANSES favoreciendo transferencia a bajo costo a la banca para que el sistema financiero redireccione esos recursos, con claro beneficio para las entidades involucradas en las operaciones, mientras los jubilados esperan sus actualizaciones, mejoras de ingresos e incluso no se liquidan las sentencias demandadas en función del caso Badaro.

Como es esperable, se venía reclamando que hubiera anuncios para los sectores de menores ingresos. Desde el gobierno se justifica que todas las medidas son para evitar despidos y además con la obra pública se pretende duplicar la dotación de trabajadores en el ámbito de la construcción, aunque no queda claro en que tiempo ello ocurrirá. También se anunció un aumento para los jubilados y pensionados del 11%, lo que eleva la mínima a la módica suma de $770. Esto representa una burla si se considera que el 92% de los jubilados percibe ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Es evidente que las medidas satisfacen el consumo de sectores de ingresos medianos y altos.

La crisis política se reinstala nuevamente y hay quienes impulsan propuestas "posibilistas", de apoyar el mal menor, subsumiendo al movimiento popular detrás de la experiencia del gobierno kirchnerista. Esa estrategia divide al movimiento popular y a la izquierda política, intelectual y social. La crisis presenta la oportunidad para encaminar una propuesta de construcción popular para resolver la crisis de alternativa.

Nuestra reflexión apunta a la necesidad de construir poder popular para confrontar con la iniciativa de las clases dominantes en todos los escenarios de la lucha de clases. Un agrupamiento clasista como el que pretendemos articular debe ser consciente de la necesaria autonomía del Estado, los patrones y los partidos del sistema. Se impone la construcción de todos los instrumentos necesarios para una efectiva participación en el conflicto de clases local, regional y global. Ello supone discutir y resolver la crisis de alternativa en la sociedad argentina.

III. Necesidad de construir la alternativa

Es evidente que en este contexto sociopolítico la CTA debe consumar la concretización de los postulados que le dieran impulso. Sabemos, por otra parte, que hay compañeros de valorable trayectoria que, partiendo de estos principios, cifran sus expectativas apostando de modo sostenido o coyuntural a los vaivenes del gobierno actual, así como otros subordinan la estrategia global de la Central en una institucionalización burocrática internacional. En contraste con esas visiones, creemos que se vuelve necesario remitirse una vez más a las posiciones históricas de la Central y su trayectoria de luchas. Por ello, se vuelve una necesidad de la época avanzar en la conformación de una corriente clasista dentro de la CTA que exprese con firmeza los valores de la organización colectiva, de un nuevo sindicalismo que lucha por la organización, la unidad y autonomía de la clase trabajadora.

Recordemos, al respecto, que desde su inicio la CTA plantea una concepción participativa y democrática que incluye la posibilidad de afiliación de los trabajadores desempleados, de los jubilados, los jóvenes y los movimientos sociales y territoriales. Ello ha permitido la inclusión activa de organizaciones de base no sindical que agrupan a trabajadores desocupados inmersos en una labor formativa y productiva que los tiene como protagonistas. No debe perderse de vista que el avance o retroceso depende de la dinámica de correlación de fuerzas del movimiento de trabajadores: porque también, de resultas de la nueva normativa, pueden abrirse brechas de confrontación directa con el sindicalismo burocrático en los sectores productivos ya representados por la CTA. Por ello, todo depende del esfuerzo organizativo que se esté dispuesto a asumir y de la capacidad de involucramiento en aquel de las bases que se promueva, en directa coherencia con los principios históricos de la Central.

En ese sentido, corresponde enfatizar el balance de la trascendental reunión “Hacia la Constituyente Social” realizada en octubre pasado en Jujuy. Se planteó debatir el país que deseamos y es posible decir que avanzamos en el camino hacia la constitución de esa alternativa política, social y cultural que nuestro pueblo demanda. Entre las principales definiciones adoptadas, se convino proseguir los encuentros populares en cada región, provincia, localidad y barrio. Allí hay que incidir para promover en el orden nacional los valores que defendemos, y potenciar la prosecución de esta iniciativa como herramienta de direccionamiento y organización de las luchas. El objetivo es inequívoco: la difícil pero fundamental apuesta a construir poder desde la base conformada por los sectores populares, para la relación de fuerzas en la sociedad. A ello apunta la convocatoria descentralizada, cuya resultante será un nuevo encuentro Nacional de la Constituyente Social en la provincia de Neuquén entre mayo y junio y elaborar un programa estratégico para promover la unidad del campo popular e ir sumando a la Constituyente la mayor cantidad de organizaciones del arco popular.

Bajo la consigna “Ni un pibe menos, el hambre es un crimen”, nos movilizamos el diciembre a Plaza de Mayo. Esta marcha es expresión del nuevo tiempo que se vive en la Argentina y pone de manifiesto la voluntad de movilización de sectores populares por transformar la realidad erradicando la desigualdad social a partir de una justa distribución de la riqueza. Porque es innegable que existe una responsabilidad directa de los gobiernos en la desatención de las necesidades de la niñez pauperizada, que prefiere destinar fortunas a pagar los intereses de la deuda externa, por ello nos oponemos firmemente a continuar pagando una deuda injusta y eterna.

El estado responde con soluciones temporales que no resuelven las cuestiones de fondo para la clase trabajadora. Lo que debe ser exigido son las reinvidicaciones de la CTA referidas a: la asignación para todos los menores de 18 años; para los mayores sin ingreso previsional, tanto como el incremento de haberes para los jubilados y pensionados en el marco del 82% móvil. _
En la escena continental se avizora un continente pluricultural, con respeto del derecho a la cultura, a la lengua, a los dioses, a la soberanía alimentaria y al derecho sobre los bienes naturales, lo cual es evidente en países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y otros. En este contexto, se abren extraordinarias posibilidades de transformación con todos los matices y contradicciones de cada proceso. Lo heterogéneo, lo múltiple y lo plural de las experiencias populares puestas en debate muestra que el sentimiento del cambio social sobrevuela a nivel continental, promoviendo una Integración Latinoamericana desde y para los pueblos.

El compromiso con los trabajadores y explotados en una realidad social de múltiples aristas, con realidades de informalización, de extendida pobreza, de desocupación y subocupación. Las luchas populares se expresan hoy con múltiples modalidades organizativas y necesitan un espacio de convergencia. La lucha por democratizar a fondo a la CTA al mismo tiempo que por radicalizar sus consignas, debe partir de reconocer el aporte del modelo de la central de un sindicalismo no burocrático y “horizontalista”, con la orientación de profundizar el carácter alternativo e independiente de la CTA, y ampliar su representatividad en los más diversos ámbitos obreros y populares.

La Constituyente Social puede marcar un avance en el camino de construcción de una alternativa popular, en la perspectiva de conferir poder constituyente a las organizaciones populares, en una línea de democracia directa superadora de la representación tradicional. Si la Constituyente se consolida y amplía puede constituirse en una forma de volver virtuosa la pluralidad de los movimientos populares, haciendo converger la diversidad existente en una unidad articuladora que potencia a cada movimiento y genere una sinergia hacia una síntesis superior. En esa línea pueden darse las condiciones para habilitar una disputa por el poder, con una articulación política que incluya la representación institucional y la participación electoral, no como fines en sí mismos sino como ámbitos donde valorizar y visibilizar la alternativa económica, social, política y cultural al sistema imperante.

Definición anticapitalista, democracia radical, independencia efectiva frente a propuestas de las clases dominantes, proyección de la Constituyente Social como órgano efectivo de poder popular, presencia dentro de la CTA para profundizar sus perfiles más progresivos, son puntos nodales para construir una corriente de izquierda en la central, con perspectiva amplia que se combine con una proyección estratégica clara, que afirme la autonomía de la Central respecto del gobierno, los patrones y los partidos para construir alternativa política y avanzar en el proceso liberador en desarrollo en América Latina y el Caribe.

Ciudad de Buenos Aires, Marzo de 2009.